La tarde de ayer fue una de esas de adrenalina informativa. Después de 24 años de emisiones, el gobierno de la Generalitat Valenciana anunciaba el cese de la actividad del ente público RTVV. Aquellas aguas (la decisión judicial de invalidar el ERE que se había saldado con el despido de 930 trabajadores, anunciada sólo unas horas antes) trajeron estos lodos; la imposibilidad de asumir la readmisión de los afectados (con un coste de 72 millones de euros) y lidiar al mismo tiempo con la astronómica deuda (1.217 millones de euros) que no deja de crecer, optando por echar el cierre.
Los propios trabajadores de Canal 9, tras anunciarse oficialmente el cierre del ente en el informativo, han mostrado su malestar con su presencia en plató y un comunicado con alusiones duras y claras a la directiva de RTVV. Horas más tarde acudían a una concentración frente al Palau de la Generalitat, convocada vía Twitter (de madrugada #RTVVnoestanca era TT en España) para manifestar su rechazo a la decisión del Consell. Sin embargo, la televisión valenciana continuará sus emisiones hasta que se cree la legislación que permita su cierre definitivo (el Estatuto de Autonomía obliga a la Generalitat a mantener el ente).
En el sector audiovisual valenciano se ha acogido la noticia con gran pesimismo: el cierre de la televisión y radio públicas supone también un enorme varapalo para todas las productoras locales a las que Canal 9 daba trabajo, con la producción de contenidos propios.
La FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) se hacía eco de la noticia manifestando su miedo a que esta clausura siente precedentes para el resto de televisiones autonómicas que andan en la cuerda floja. Y no están tan desencaminados. Claro que es preciso buscar todos los culpables antes de decidir cortar por lo sano y plantearse una forma más racional de gestionar las televisiones autonómicas. La crisis económica no debe ser aceptada como la única causa probable.
Crisis económica...
La fórmula del fracaso parece estar clara: es el efecto dominó. Los ingresos por publicidad bajan dramaticamente (27 millones de pérdidas han acumulado las 13 televisiones autonómicas, sólo en el primer trimestre de este año). El desgaste se deja notar en la calidad de los contenidos que acaba por ahuyentar a la audiencia por lo que cada vez resulta más difícil captar anunciantes. Es el caso de Telemadrid y Canal 9, pero también de RTVC (Radio Televisión Canaria) o IB3 (Televisió de les Illes Balears).
Mantener todas estas televisiones en activo suponen, sólo este año, un desembolso por parte de las arcas del Estado de 1.000 millones de euros, según informaciones de Forta (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicas), entre otras fuentes, recogidas por el diario Expansión. Precisamente son Canal 9 y Telemadrid las que más pérdidas acumulan. Ante esta situación, la legislación allana el camino de la privatización, con la reciente modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, destinada a "flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica permitiendo que las comunidades autónomas puedan elegir entre la gestión directa, la gestión indirecta u otras modalidades de colaboración público-privadas."
... y una mala gestión
Pero no nos engañemos; la crisis económica nunca fue el peor de los males de las cadenas autonómicas. Aunque por definición su labor está más que justificada (fomentar la participación de los ciudadanos, facilitarles el acceso a la información, afianzar la conciencia de la identidad propia, actuar como vehículo de difusión de la cultura y lograr la normalización lingüística) en casos obvios como el de Telemadrid o Canal 9, la instrumentalización política ha anulado esa naturaleza de servicio público, para posicionarse al servicio del gobierno/partido de turno, como han denunciado no pocas veces los trabajadores de Telemadrid con interrupciones de emisiones y fundidos en negro como señal de protesta.
Canal 9 ha adolecido, ante todo, de una mala gestión llevada a cabo por gente ajena al medio que han tomado decisiones como despilfarrar 300.000 € en un nuevo plató o 40.000 € en la nueva imagen corporativa o a crear más puestos de trabajo que Mediaset. ¿Es la mala gestión también la responsable de que Telemadrid pueda seguir los pasos de Canal 9 si su ERE se resuelve finalmente como nulo?
Los sindicatos y trabajadores afectados por el despido masivo de la cadena de la comunidad autónoma madrileña (860 profesionales que se quedaron sin trabajo) han celebrado la decisión del TSJV y esperan un fallo similar del Tribunal Supremo para Telemadrid. Sin embargo, esto supondría el cierre del ente público, según anunciaba hace unos días el presidente de la Comunidad, Ignacio González.
Otras televisiones con problemas
TV3 y ETB son las televisiones autonómicas con más audiencia. Pero, en el caso de TV3, no es un ejemplo de rentabilidad. Mantener las emisiones supone una inversión de 225 millones de euros anuales en subvenciones y si los ingresos no aumentan, la realidad les aboca al déficit irremediablemente (más de siete millones en pérdidas en 2012) y al expediente de regulación de empleo anunciado este verano y que afectará a 205 trabajadores. En Canal Sur la deuda también se agiganta y cada vez requiere más presupuesto público para seguir adelante, mientras que RTRM (Radio Televisión de la Región de Murcia) ya sufrió su propia regulación, aún siendo una modestísima empresa de muy pocos trabajadores.
En el caso de TVG, los problemas se arrastran vía judicial desde que 130 trabajadores denunciaran a la televisión autonómica por cesión ilegal, ya que fueron subcontratados por TV7 en peores condiciones económicas pero desarrollando la misma labor que en TVG. La justicia les está dando la razón y han declarado nulo el despido de 70 trabajadores a los que echaron tras haber denunciado la situación. TVG tendrá que hacer frente a numerosas indemnizaciones, además, por contrataciones ilegales de falsos autónomos, amén de lo que ya debe a los subcontratados por TV7. Un coste que tal vez no puedan asumir sus arcas.
En ¡Vaya Tele! | El Gobierno Valenciano cierra Canal 9 debido a la invalidez de su ERE
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