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El cine y España: Las descargas de Internet contarán para obtener subvenciones

El cine y España: Las descargas de Internet contarán para obtener subvenciones
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El árbitro último, pero no el único, de apoyo público al cine español será la taquilla.

Lo ha dicho Ignasi Guardans, el director general de Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), en el mismo acto en el que ha anunciado que las descargas autorizadas en Internet computarán para las ayudas a la amortización del cine. O que los telefilmes también podrán optar a subvenciones siempre que lleguen a ser emitidos por alguna cadena. Vaya, yo pensaba que este país no llegaba a fin de mes, que estábamos en crisis, pero resulta que sí que hay dinero, mucho, para dar y regalar. La cuestión es: ¿de verdad es necesario este desembolso de dinero público? Os lo pregunto, os pido vuestra sincera opinión.

Hace unos días, buscando frases para mi post semanal, leí una interesante entrevista donde el director Álex de la Iglesia, el próximo presidente de la Academia de Cine (es el único candidato), decía que eso de las subvenciones al cine español es una obsesión ridícula, que se critica sin saber. Que en realidad no es tanto dinero y que llega ya tarde,

cuando está todo hecho.

Bueno, no discutiré eso, en primer lugar porque a mí nunca me han dado una subvención y no conozco el tema de primera mano, pero lo cierto es que de algo debe servir, porque si no, hace tiempo que muchos directores de este país ya no harían películas, viendo las cifras que logran en taquilla. Si sus películas no sacan dinero, ¿de dónde sale? Del DVD o por ventas internacionales, responde el director de ‘Crimen Ferpecto’, pero dudo mucho que la gente compre las últimas de Garci, o que Saura esté en su casa haciendo fotos a su jardín, sin hacer cine, si sus películas se vendieran como churros. Si hay tanto dinero, ¿para qué ampliar las vías de conseguir una subvención? ¿Piensan en los más jóvenes, que no pueden estrenar una película? Tengo dos palabras para eso: ja, ja.

alex

Pero volvamos a Guardans y su borrador para la nueva Ley del Cine, que podría estar lista para octubre o noviembre de este año, y la cuestión de las descargas. Hasta ahora, la venta de entradas era el único baremo para calcular a qué ayudas tenía derecho una película. Ahora también contarán las descargas, es decir, las veces que la gente se baje una película (española) a su ordenador. Oh, sí, porque a partir de que esta norma se apruebe, todo bicho viviente va a ponerse a descargar películas españolas como si le fuera la vida en ello.

Ya os contaba que buscando información sobre la taquilla española había descubierto el timo de las recaudaciones, es decir, que producciones españolas doblan sus cifras de una semana a otra, aunque sólo se proyecte en un par de salas, para obtener dinerillo del Estado. Claro, esto debe ser algo complejo de maquillar y, por el contrario, lo de las descargas resulta mucho más fácil. Una legión de currantes con ordenador y listo. La subvención más cerca. Porque eso no es robar, no, eso es cumplir con las trampas de la ley.

Lo están haciendo mal, y no lo corrigen. Que no se vea la película, que sea mala, que el público prefiera ver el cine hecho en otros países (no sólo el de Estados Unidos), que se cierren salas y se culpe a la piratería, pero que luego se apoyen descargas “legales”, o que, sencillamente, no queremos que se paguen los delirios artísticos de los cuatro viejos gatos de siempre con dinero público… eso no cuenta.

Digo yo que puestos a ayudar a cineastas, que se ayude a los más jóvenes, al futuro de la profesión, a los que empiezan, y entre ellos, sólo a los que no tienen medios suficientes para llevar a cabo sus proyectos, porque los hay que no necesitan tanto dinero del Estado. ¿No es así? Ayudar a los que ya tienen una carrera en el cine, y dos casas con piscina y pista de tenis no tiene ningún maldito sentido. ¿Cómo lo veis?

PD: En Francia acaban de cargarse una ley antipiratería que permitía el corte de la línea a las personas que realizaran descargas ilegales por parte de autoridades administrativas.

Vía | ElPaís

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